Seguir el dinero, no el humo: Singapur reescribe su ley contra la calima
Durante una década, Singapur ha tenido una de las leyes ambientales más ambiciosas de Asia y apenas ha podido usarla. La Transboundary Haze Pollution Act, aprobada en 2014, permite a la ciudad-Estado perseguir a empresas cuyos incendios en el extranjero asfixian su aire. Se ha activado dos veces, en 2015 y este año. Multas impuestas: ninguna. El 4 de noviembre, el Gobierno pidió al Parlamento cambiarlo, y la forma de hacerlo dice mucho sobre dónde están las verdaderas palancas.
Por qué la ley antigua se atascó
El problema nunca fue el principio, sino el procedimiento. Las investigaciones dependían de que las empresas respondieran voluntariamente a los requerimientos. Los documentos debían entregarse en persona, algo casi imposible si el destinatario está en otro país. Y las compañías podían eludir responsabilidad alegando que el fuego en su terreno lo había provocado otro, o que habían hecho lo razonable para apagarlo. Una de las diez empresas con sede en Singapur bajo examen ha dicho justo eso sobre incendios en sus concesiones indonesias.
El último episodio de calima dio al Gobierno su mandato político. Del 4 de septiembre al 26 de octubre, Singapur sufrió repetidos periodos de aire insalubre. La ministra de Medio Ambiente, Grace Fu, dijo en el Parlamento que la calima no es un fenómeno natural, sino el resultado de decisiones humanas tomadas por beneficio. Las enmiendas se presentaron con certificado de urgencia, para debatirse y votarse en una sola sesión.
Multas mayores, pero eso es lo de menos
La cifra llamativa es multiplicar por diez: hasta un millón de dólares singapurenses por cada día de calima, con un tope de 20 millones, frente a los 100.000 diarios y 2 millones totales actuales. Los tribunales también podrían quitar el beneficio obtenido, o el coste ahorrado, por quemar en lugar de desbrozar correctamente.
Lo más interesante son los cambios de procedimiento. Las autoridades podrían ordenar a una empresa sospechosa contratar a un evaluador independiente de una lista oficial; negarse acarrearía hasta 20 millones de multa. Los documentos podrían notificarse por correo electrónico, en la web de la agencia ambiental NEA o a través de los medios. Los juicios podrían celebrarse aunque el acusado esté fuera. Y la vía de escape se estrecha: habría que demostrar que un tercero provocó el fuego sin conocimiento de la empresa y que esta tomó medidas razonables.
Cerrar el grifo financiero
La herramienta más afilada es económica, no penal. El ministro podría designar a empresas condenadas, sospechosas, que no cooperen o señaladas por un evaluador. Desde entonces, las compañías en Singapur podrían tener prohibido suministrarles bienes y servicios, incluidos los financieros. Quien siga haciendo negocios con ellas se expone a un millón de dólares por infracción, más 100.000 por cada día. A los minoristas de aceite de palma o papel se les podría exigir limpiar sus cadenas de suministro.
Esto importa porque la influencia de Singapur sobre plantaciones en Sumatra o Kalimantan es limitada, pero su influencia sobre bancos, comerciantes y sociedades matrices con sede en su territorio es enorme. La lucha se traslada del campo en llamas a la sala de juntas y al balance.
Actuar antes de que el cielo se vuelva gris
Por último, la ley abarcaría el riesgo de calima, no solo la que ya ha llegado. Las empresas cuyos incendios puedan enviar humo hacia Singapur de forma creíble podrían ser perseguidas antes de que el índice de calidad del aire entre en zona insalubre. La ministra aclaró que no se pretende vigilar cada fuego de la región.
También admitió que nada de esto garantiza una condena. Esa franqueza es la clave. Singapur ya no lo apuesta todo a ganar en los tribunales: construye un sistema en el que una empresa vinculada a incendios recurrentes tendrá difícil pedir crédito, vender y comerciar en uno de los grandes centros comerciales de Asia. Para quienes pasaron siete semanas este otoño mirando los niveles de contaminación antes de salir, eso puede disuadir más que cualquier multa.