La Sentencing (Scams) Bill de Singapur: por qué el Parlamento quiere cárcel, y no libertad vigilada, para las jóvenes «mulas» de estafas
Singapur ha abierto un pulso poco habitual: no con estafadores en el extranjero, sino con una sentencia de su propio Tribunal Superior. El 3 de noviembre, el Gobierno presentó en el Parlamento la Sentencing (Scams) Bill, una ley breve con un propósito muy claro: que la cárcel o la formación reformadora (reformative training), y no la libertad vigilada, sea el punto de partida cuando se condena a jóvenes por delitos de estafa.
Qué desencadenó la ley
En septiembre, un tribunal de tres jueces del Tribunal Superior, integrado por el presidente del Tribunal Sundaresh Menon y los jueces Ang Cheng Hock y Hoo Sheau Peng, estimó los recursos de cuatro jóvenes condenados. Los cuatro habían cometido estafas antes de cumplir 21 años y habían sido condenados a formación reformadora, un régimen estructurado y privativo de libertad para delincuentes jóvenes. El tribunal sustituyó esas penas por libertad vigilada de entre un año y 18 meses y dictaminó que la formación reformadora o la cárcel no debían ser la opción por defecto para las jóvenes mulas.
La libertad vigilada es un resultado muy distinto. Los condenados cumplen la pena en la comunidad bajo condiciones como toques de queda y supervisión, y no quedan con antecedentes penales.
El Ministerio del Interior (MHA) considera la sentencia incompatible con la postura disuasoria del Parlamento frente a las estafas. La nueva ley es la respuesta del legislador: reafirmaría que, para los infractores de 21 años o menos, la formación reformadora o la prisión es la opción principal o por defecto, y que las alternativas rehabilitadoras quedan reservadas a circunstancias excepcionales.
La magnitud del problema
El argumento del Gobierno se basa en cifras. Las víctimas en Singapur han perdido más de 4.000 millones de dólares singapurenses desde 2019. Las pérdidas alcanzaron un récord de 1.100 millones S$ en 2024 y 913,1 millones S$ en 2025. En el primer semestre de 2026, la policía recibió unas 90 denuncias de estafa al día, con pérdidas de unos 2 millones S$ diarios. La estafa sigue siendo el delito más frecuente del país.
Los jóvenes forman parte de ese panorama, no tanto como cerebros sino como las manos que hacen funcionar los fraudes. En 2025, la policía investigó a más de 1.000 jóvenes en relación con denuncias de estafa. Muchos actúan como mulas: ceden cuentas bancarias o líneas telefónicas, o mueven fondos robados por sus propias cuentas, a veces a cambio de una pequeña suma.
El ministerio fue tajante: si no se adopta un enfoque disuasorio, advirtió, la situación de las estafas y la delincuencia juvenil en Singapur podría empeorar.
Disuasión frente a segundas oportunidades
El debate que abre la ley es conocido en la justicia penal, pero rara vez se libra tan directamente entre un tribunal y un Parlamento. El Tribunal Superior subrayó el coste a largo plazo de encarcelar a jóvenes y el valor de mantenerlos fuera del registro de antecedentes. El Gobierno subraya la señal que se envía a los reclutadores, que buscan a adolescentes y jóvenes precisamente porque esperan que reciban castigos más leves.
Ambas partes quieren que menos jóvenes caigan en las estafas. Discrepan sobre qué palanca funciona mejor: el miedo a una pena de privación de libertad o la oportunidad de rehacer la vida sin antecedentes. La cláusula de circunstancias excepcionales deja una puerta abierta, pero la ley inclina claramente la balanza hacia la custodia.
Para padres, docentes y los propios jóvenes, el mensaje práctico ya es claro. Prestar una cuenta bancaria o un número de teléfono a un desconocido ya no podrá justificarse como un favor ingenuo. Con la ley propuesta, probablemente se tratará como un delito grave desde la primera condena.